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Durante el último año Venezuela ha vivido una serie de cambios, especialmente económicos, que han hecho popular una polémica frase: “Venezuela se arregló”. En este 2022, al país han llegado conciertos, el fin de la escasez que sumió a la nación en situaciones deplorables, la consolidación de la dolarización, la expectativa de que la economía llegue a crecer 20% —según estimaciones de Credit Suisse—, y la posibilidad de que se restablezca alguna relación entre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Hay quienes leen estas situaciones como algo positivo, y lo son. Sin embargo, lo que significa una buena noticia en términos económicos, no necesariamente es algo positivo para la democracia.
En agosto de 2021, el director de la firma Datanalisis, Luis Vicente León, presentó un estudio en el que 50% de encuestados dijo que su vida es mejor que en años pasados. En contraste, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) halló que la expectativa de vida de los venezolanos nacidos durante la crisis (2015-2020) se redujo en tres años, y que la tasa de mortalidad infantil ahora es similar a la de hace 30 años.
El asunto es relativamente sencillo de explicar: en la tierra del socialismo del siglo XXI se vive una economía de capitalismo salvaje, donde el que tiene acceso a dólares ha mejorado en algo su situación. Sin embargo, la brecha de desigualdad se ha ampliado.
Una prueba empírica de esta afirmación es que el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha extendido sus operaciones en el país.
Pese a que la relación Biden-Maduro parece haber entrado en un refrigerador, lo que sí ha continuado es el intento de flexibilizar ciertas regulaciones que permitan a la industria petrolera operar en mejores condiciones.
Mientras la oposición se ha debilitado al punto de que algunos partidos políticos están en declive, el autoritarismo se ha estabilizado. En general, es el mejor momento para Maduro y un mal momento para la democracia. Aún hay al menos 200 personas presas por razones políticas y no se respetan los procesos judiciales, como ha denunciado Amnistía Internacional.
Luz Mely Reyes / The Washington Post
