Roxana Castro tiene 26 años y por las noches aún sufre pesadillas tras su terrible experiencia hace dos años, primero atravesando con su hijo de 11 años y su esposo, la selva del Darién, y poco después, el Río Bravo, con sus traicioneras y mortales crecidas. “Sí. Como muchos arriesgamos la vida, pero en Venezuela, nos tenían identificados como opositores y cada día era más difícil tener dinero para comer”, recuerda.
La zuliana conversa con Versión Final sobre la confirmación de la no extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) al menos para los 300.000 venezolanos que fueron beneficiados en 2023 y que permanecen en Estados Unidos de manera legal y su incertidumbre es tan grande como los 5000 kilómetros cuadrados del tapón selvático panameño.
“Estamos todos asustados porque nos sentimos a la deriva. Mi status es de solicitud de asilo. Pero somos propensos a una deportación porque hemos visto casos de colombianos como el de nosotros y los han deportado igual. Hay qué esperar a ver que noticias salen para saber cómo corresponde actuar…lo difícil es que no podemos regresar a Venezuela. Allá no tenemos ni siquiera a donde llegar porque lo vendimos todo”, detalla.
Documentos del Gobierno a los que tuvo acceso The New York Times confirman que Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, determinó que Venezuela ya no sigue cumpliendo las condiciones para la designación de 2023. Considera que en la nación caribeña hay mejoras notables en áreas como la economía, salud pública y criminalidad.
Este diagnóstico es un golpe en el alma para miles de venezolanos como Jackson Villamarín, que tiene su permiso de trabajo hasta octubre, pero que pronto pasará a vivir con el miedo de ser un emigrante ilegal.
“Esto nos afecta a miles que venimos expulsados de nuestro país por la represión, la política llena de corruptos”, dice el venezolano, al que le amputaron dos dedos de la mano por hacerle frente al Gobierno chavista cuando trabajaba en 2016 en la empresa sindicalista Algodoneros del Orinoco.
Ahora ha vuelto a sentir el peso del terror, pero de manera distinta. “Yo vivo nervioso por esas redadas”, asegura, en referencia a la cacería emprendida por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Mucha gente no quiere salir de sus casas a trabajar por temor a las autoridades de migración”, asegura en El País, de España.
Una vez el Gobierno haga el anuncio oficial, los venezolanos perderán en 60 días los beneficios que les garantiza el TPS otorgado en 2023. Por ahora es una medida que no aplica a los beneficiados en 2021, un grupo de más de 250.000 venezolanos que también podría verse afectado en el futuro, en medio de la misión republicana de expulsar del país a millones de migrantes.
Poderes para los niños
Roxana asegura que, en la Florida, aún no está tan dura la cosa con inmigración. Pero intuye que es temporal.
En mi caso no quiero hablar de una posible deportación con mi hijo de 13 años. A lo mejor, Dios guarde, se llevarán a uno de los padres y a otro lo dejaran”, comenta. El caso de una conocida colombiana le impactó. Se la llevaron prácticamente engañada y lo hicieron con sus hijos. “Los niños de ellos estaban en la escuela y ella fue a buscarlos. En Migración le dijeron que para ayudarla debía ir por ellos y al llegar los montaron en un avión y los deportaron. Su esposo estaba en el trabajo. Él quedó aquí”.
Sobre los venezolanos, Willy Allen, abogado especialista en el tema migratorio, asegura que cuando el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tomó la decisión hace unas semanas de extender por otros 18 meses el TPS, lo justificó teniendo en cuenta “las elecciones fraudulentas de Venezuela, los problemas internos y la falta de protección para los venezolanos en su país”.
“La nueva directora ahora está diciendo que no hay razones para continuarlo, y que estas personas han estado aquí más tiempo de lo que tienen que estar, y por tanto deben regresar ahora. En realidad, esta nueva administración está diciendo que las condiciones de Venezuela son normales, que pueden ser deportados. Es lo más duro que he escuchado”, insiste el abogado.
Con información de Versión Final
