El reingreso ilegal a EEUU, tras una deportación, es un delito federal que puede acarrear graves consecuencias legales.
Según la información proporcionada por la Embajada de EEUU en México, citada por Infobae, las sanciones incluyen penas de prisión que varían según el historial del individuo.
Por ejemplo, aquellos sin antecedentes penales graves enfrentan hasta dos años de cárcel. Por otro lado, quienes fueron deportados tras cometer delitos graves pueden recibir condenas de hasta 10 años.
En casos más extremos, como delitos graves con agravantes, las penas pueden alcanzar los 20 años.
El proceso de deportación es gestionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en Inglés) y ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Este procedimiento incluye audiencias en tribunales migratorios, donde un juez determina si la deportación debe proceder. En algunos casos, los extranjeros pueden optar por una salida voluntaria, aunque esto no elimina las restricciones de reingreso.
Como se sabe, las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para prevenir el reingreso ilegal, implementando operativos más estrictos en la frontera y campañas informativas.
Estas iniciativas buscan disuadir a las personas de intentar regresar sin autorización, destacando las consecuencias legales y el impacto en su futuro.
La embajada ha sido clara en su mensaje publicado en X: “Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel”.
Además de las sanciones penales, los deportados enfrentan restricciones migratorias que pueden incluir prohibiciones de entrada de cinco, 10 o veinte años, dependiendo de la gravedad de su caso.
En situaciones más graves, como fraude migratorio o reincidencia, la prohibición puede ser permanente.
Sin embargo, existe la posibilidad de solicitar un permiso para reingresar legalmente mediante el Formulario I-212, aunque este proceso no garantiza la aprobación.
Con información de Caraota Digital
