El 27 de febrero de 1989 unas protestas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público desembocaron en el mayor estallido social de Venezuela, donde, siete lustros después, no hay nadie preso por las 276 muertes registradas entonces, ni esperanza de reparación para las decenas de víctimas extraoficiales del llamado «Caracazo».
Lo que empezó como prueba del descontento por un paquete de ajustes económicos aplicados por el presidente Carlos Andrés Pérez -que llevaba menos de dos meses en el cargo- terminó en una masacre por la que Venezuela fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, en 2002, repudió la impunidad por crímenes perpetrados «a manos de agentes del Estado».
La respuesta del Gobierno a las protestas espontáneas, seguidas de saqueos y disturbios, fue la suspensión de las garantías constitucionales y el despliegue de militares en las calles, lo que terminó de configurar el escenario de represión, en el que «unas 4 millones de balas fueron disparadas contra manifestantes hambrientos», según un informe de Amnistía Internacional.
Los relatos de prensa de entonces cuentan que las balas alcanzaron y segaron la vida de una madre que amamantaba a su hijo recién nacido, a un niño que iba a la escuela, a un joven que se asomó al balcón de su casa y a un hombre que dormía junto a su esposa. De acuerdo con la oenegé Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo), 396 personas -identificadas por allegados con nombre y apellido- murieron durante los 10 días de la crisis.
La explosión
El activista Enrique Ochoa Antich, que entonces hacía seguimiento al tema de derechos humanos, presenció la molestia de «unas 1.000 personas» que no podían movilizarse en Caracas debido a la paralización del transporte, mientras la nación intentaba tragarse los ajustes económicos, que incluían la liberación de precios de productos y el aumento de las tarifas de los servicios.
«Fue una especie de explosión biológica del cuerpo social», dijo a EFE el exdiputado, que cree que el «Caracazo» no tuvo orientación política, pero sí se basó en la molestia de los ciudadanos con el Ejecutivo, pues hubo «una sensación de estafa», ya que el Presidente sometió al país a un paquete neoliberal sin previo aviso.
La revuelta popular se vivió en varias ciudades, pero en ningún lugar como en Caracas, donde había calles con «olor a cadáver» y la «marejada superó a la Policía», recuerda Ochoa Antich, que se trasladó hasta la principal morgue de la capital para hacerse una idea del saldo mortal.
Una vez en el sitio, corroboró que se había producido una «matanza muy grande», pues, rememora, las aceras, cavas y pasillos, estaban llenas de cuerpos sin vida. No cabían los cadáveres», subrayó.
En paralelo, creció el número de familiares que buscaban a sus seres queridos, una situación por la que pasaron cientos de personas que, al final, se dividieron en tres grupos: quienes hallaron con vida a sus parientes, quienes confirmaron identidades de cadáveres y quienes jamás tuvieron respuesta, lo que generó un número indeterminado de desaparecidos.
La inacción
Aunque el más alto tribunal de Venezuela admitió que por estos hechos «hubo un retardo aberrante y una denegación de justicia injustificable», y pese a que la Corte IDH ordenó al Estado investigar y sancionar a los responsables, nadie fue a prisión y el caso, explica Ochoa Antich, se condensó en un solo expediente, que «duerme el sueño de los justos» en la Corte militar.
El activista, que entonces formaba parte de la oenegé Cofavic, participó, en noviembre de 1990, en la exhumación de una fosa común llamada La Peste, donde hallaron restos de dos víctimas del «Caracazo», una labor frenada por una orden judicial.
Desde entonces, la Justicia ha insistido en que «las puertas están abiertas» para resolver el caso, por el que pidió, en marzo de 2010, la extradición de Estados Unidos del expresidente Pérez, que falleció nueve meses después en Miami.
En el mismo documento, el Supremo incluye un listado de 336 víctimas mortales del estallido, pero, en febrero de 2023, la propia Corte reconoció, a través de un escrito publicado en la red social X (antes Twitter), que aquel «vil atentado contra los derechos humanos del pueblo a manos de los cuerpos de seguridad del Estado dejó un número indeterminado de víctimas».
En 2002, la Corte IDH pidió al Estado identificación e inhumación de los cuerpos, investigación sobre el paradero de desconocidos, sanción a los autores de los hechos y la creación de una Policía Nacional, la única tarea que sí cumplió, en diciembre de 2009.
Veintidós años después de aquella sentencia, en palabras de Cofavic, «el olvido no es una opción para las víctimas» y «la justicia es una lección que aún está pendiente».
Con información de EFE
