El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes el lanzamiento de una campaña diplomática integral para desmantelar lo que calificó como una amenaza intolerable de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la soberanía de Estados Unidos, en un nuevo capítulo de la tensa relación entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.
En un comunicado del Departamento de Estado, la Administración Trump precisó que la campaña incluirá una respuesta de todo el gobierno orientada a “desactivar sistemáticamente la capacidad de la CPI para operar, atacar a militares o funcionarios estadounidenses, o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense”.
“Nos declaran una guerra sin balas”
En un mensaje en video, Rubio fue contundente:
“La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de la llamada ley internacional”.
El funcionario acusó al tribunal de buscar convertirse en “el árbitro no rendidor de cuentas de una nueva ley global”, con capacidad para “procesar y arrestar a nuestros ciudadanos a voluntad” y amenazar de forma existencial la soberanía del país.
El Departamento de Estado sostuvo que la CPI se arroga la autoridad de procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional, y recordó que todos los presidentes de EE.UU. desde la ratificación del Estatuto de Roma —tratado fundacional de la Corte, del cual Washington nunca ha sido parte— han sostenido que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
La ofensiva se suma a una serie de sanciones que la Administración Trump ha impuesto a lo largo del último año contra jueces y fiscales de la CPI, incluido su fiscal jefe, medidas que les prohíben ingresar a Estados Unidos y bloquean transacciones financieras o de propiedad en el país.
Estas sanciones se han enfocado, en buena parte, en las investigaciones del tribunal relacionadas con Israel, aliado clave de Washington, después de que la Corte emitiera en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros funcionarios.
Según reportes de medios estadounidenses, la nueva estrategia buscaría además presionar a países aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que la Casa Blanca acusa de inmiscuirse en asuntos internos de Estados Unidos.
La Corte, con sede en La Haya, había abierto previamente una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares y agentes de inteligencia estadounidenses en Afganistán, causa que —según el Departamento de Estado— sigue sin cerrarse.
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