El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha exigido a varios funcionarios y oficiales militares firmar acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) vinculados con las operaciones que desarrolla la administración de Donald Trump en América Latina, según confirmaron tres fuentes del gobierno citadas por la agencia Reuters.
La medida, descrita como “altamente inusual”, ha despertado interrogantes en el Congreso y entre analistas de defensa, dado que los miembros de las Fuerzas Armadas ya están legalmente obligados a proteger información clasificada relacionada con la seguridad nacional.
Legisladores estadounidenses denunciaron además que se les mantiene al margen de los detalles clave de la misión, que incluye un creciente despliegue militar en el Caribe y Suramérica.
El uso de estos acuerdos por parte del Pentágono no había sido reportado anteriormente en el contexto latinoamericano. Fuentes consultadas aseguran que la directiva comenzó tras la llegada de Pete Hegseth al cargo de secretario de Defensa en enero, cuando también se impusieron restricciones a las comunicaciones internas y a las interacciones del personal con el Congreso.
La semana pasada, el Pentágono confirmó el envío del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford y varias unidades navales hacia aguas del Caribe, en el marco de lo que Washington describe como una “ofensiva contra las organizaciones criminales transnacionales”.
Sin embargo, fuentes militares reconocen que el despliegue supera ampliamente lo necesario para operaciones antinarcóticos, alimentando las sospechas sobre un objetivo más amplio en la región.
Desde septiembre, el ejército estadounidense ha realizado al menos 13 ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, principalmente en el Caribe, que han dejado unas 57 personas muertas. Pese a ello, el Pentágono ha ofrecido pocos detalles sobre los incidentes, aunque admitió que varios de los fallecidos eran ciudadanos de Venezuela, Colombia y Ecuador.
El despliegue de Gerald Ford añade unos 10.000 efectivos adicionales, destructores con misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y otras unidades de apoyo. No obstante, el Departamento de Defensa no ha explicado por qué se requiere semejante poder de fuego para una misión que oficialmente tiene carácter policial.
Mientras tanto, Hegseth ha reforzado el control interno del Pentágono: prohibió a funcionarios interactuar con congresistas sin autorización previa, ordenó investigaciones por filtraciones y modificó la política de acceso de la prensa, exigiendo a los periodistas firmar nuevos acuerdos bajo amenaza de perder sus credenciales.
En una entrevista con la cadena CBS, el senador republicano Lindsey Graham anticipó que Trump “pronto informará al Congreso sobre futuras operaciones militares contra Venezuela y Colombia”, y advirtió que los gobiernos de ambos países “tienen sangre en sus manos por inundar de drogas a Estados Unidos”.
“El presidente tiene toda la autoridad para actuar en defensa de nuestro país. Espero que Maduro se vaya pacíficamente, pero no creo que permanezca mucho más tiempo”, declaró Graham.
Con información de El Cooperante
