El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad.
A esta conclusión ha llegado un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado hoy a la prensa en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua cubren un espectro muy amplio de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos en Derechos Humanos ha indicado que la crisis en Nicaragua corre riesgo de empeorar y ha adviertido de «una crisis humanitaria». «Estamos muy preocupados por la situación actual». «Esperamos que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones sistémicas y abusos», ha manifestado.
«El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferente cualquier voz opuesta o disidente en el país», ha afirmado Simon.
Con información de RTVE
