La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado una contundente acusación contra Estados Unidos, señalando que sus ataques aéreos y militares contra presuntas «narcolanchas» en el Caribe y el Pacífico constituyen «ejecuciones extrajudiciales» y una grave violación del derecho internacional.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió a Washington que ponga fin de inmediato a estas acciones, que, según las informaciones disponibles, han provocado la muerte de más de sesenta personas en las últimas semanas.
En un comunicado emitido desde Ginebra, Türk fue categórico:
«Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin».
La portavoz de la oficina de Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, explicó que la ONU no considera que estos operativos se realicen en un contexto de conflicto armado, por lo que la acción debe regirse por las normas internacionales de derechos humanos, que limitan estrictamente el uso de la fuerza letal.
«Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional», declaró Shamdasani.
La postura de la ONU es que el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso y contra individuos que supongan una amenaza inminente. Por lo tanto, las acciones militares de EE. UU. en estas circunstancias representan una clara violación al derecho a la vida y se califican como ejecuciones extrajudiciales.
Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra el narcotráfico y que se rigen por el derecho internacional humanitario, aplicable en contextos de conflicto armado.
Sin embargo, la ONU ha rechazado este argumento, insistiendo en que la lucha contra el tráfico ilegal de drogas es fundamentalmente un asunto de cumplimiento de la ley que requiere métodos policiales, como la intercepción legal de embarcaciones y la detención de sospechosos.
La denuncia de la ONU se produce en medio de crecientes tensiones regionales, con países como Venezuela y Colombia condenando públicamente los ataques y pidiendo el cese de la agresión en el Caribe.
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