El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta una nueva frente judicial.
Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó la apertura de una pieza separada dentro del denominado caso Plus Ultra para investigarle por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando.
La decisión se desencadena a partir de un hallazgo durante un registro policial.
En una caja fuerte del despacho del expresidente, ubicado en la madrileña calle Ferraz —a escasos metros de la sede del PSOE—, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) encontraron 103 joyas de valores dispares.
La tasación, encargada a la histórica joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español, cifró su valor en aproximadamente 1,3 millones de euros.
El auto del magistrado es contundente en un punto clave: el origen de estos bienes de lujo “no está justificado” y el expresidente carece de documentación que acredite su trazabilidad fiscal.
Para el delito fiscal, el juez argumenta que la inexistencia de declaración o pago de tributos hace inferir la posible existencia de un fraude por encima del umbral de 120.000 euros.
En cuanto al contrabando, la tenencia de efectos valorados en más de 1,3 millones sin facturas de importación ni justificantes aduaneros hace presumir que los bienes pudieron acceder al territorio de la Unión Europea eludiendo los controles legales, superando con creces el umbral de 150.000 euros que delimita ese delito.
Zapatero ha ofrecido su propia versión sobre el origen de las piezas.
El expresidente atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra, así como a regalos no especificados, y sostuvo que se guardaban en su despacho porque vivían en una casa de alquiler sin caja fuerte.
Su entorno llegó a cifrar el valor de las alhajas entre 30.000 y 50.000 euros, una estimación que quedó muy lejos de la tasación judicial posterior.
Esta causa se enmarca en un proceso judicial más amplio. Zapatero ya estaba siendo investigado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, relacionado con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea homónima durante la pandemia.
El juez Calama lo sitúa como presunto líder de una red criminal que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de gestiones ante la Administración.
El expresidente deberá declarar los días 17 y 18 de junio ante la Audiencia Nacional para responder por los hechos investigados y explicar el origen de las joyas.
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