«Se fue por el Darién», cuenta Gabriela Mora, pareja de Carlos Alexis Uzcátegui, desde Lobatera en el estado Táchira. Lo dice con un hilo de voz, quizá porque es una de los primeros elementos que algunos usan para estigmatizar a algunos migrantes venezolanos. A sus 32 años, el nacido en Caracas pero criado en tierras andinas, decidió irse a Estados Unidos por vía terrestre. «La idea era que ver si lográbamos reunir y que él nos solicitara por parole humanitario» -el programa que Donald Trump canceló el 21 de marzo.
En Lobatera dejó a su pareja y su niña, de la cual ha asumido la crianza. Era 18 marzo de 2024 cuando emprendió el viaje, ante una situación económica que se le hizo inaguantable. «Él se dedicaba a la minería, pero por aquí disminuyó casi en 80% la distribución de carbón. Muchas minas pararon. Yo soy contador público de profesión pero ya no nos alcanzaba«, detalla Mora. En Táchira está ubicado un complejo minero importante, reactivado en octubre de 2024 por el gobernador Freddy Bernal.
Pero cuando Carlos Uzcátegui decidió irse lo hizo dispuesto a dedicarse a cualquier oficio. Por eso, cuando llegó a México, buscó trabajar en la capital mientras esperaba le fuera asignada una cita a través de la aplicación CPB One que el gobierno de Estados Unidos, cuando era encabezado por Joe Biden, había puesto a disposición.
«Trabajó en una marisquería en Ciudad de México, donde estuvo por nueve meses. Allí trabajó en un solo sitio, de manera estable: una marisquería.
Entonces le salió la cita para diciembre de 2024. Tenía que acudir el día 10″, cuenta Gabriela Mora recordando las conversaciones telefónicas que tuvo con su pareja al respecto. Hasta ese momento pensaban que se estaba cumpliendo un proceso normal, siguiendo los pasos que la administración Biden había delineado para quienes buscaran refugio en ese país.
Llegado ese día, Uzcátegui se presentó a la cita otorgada por CPB One para presentarse en un puerto de entrada, en este caso en el estado de Texas. Allí le asignaron incluso su número de registro de extranjero. «Él llegó al lugar y quedó detenido de una vez. Le dijeron que lo iban a tener ahí para revisar sus tatuajes», cuenta Gabriela.
Carlos Uzcátegui tiene 13 tatuajes dibujados en su piel: el nombre de su hija en la muñeca, el nombre de su mamá en la espalda, la fecha de nacimiento de su padre en la clavícula, el nombre de una tía en su brazo izquierdo, el nombre de la abuela y una mariposa en su brazo izquierdo, un reloj en el antebrazo, un beso de su mamá replicado de una carta que alguna vez recibió y la fecha del aniversario en que comenzó su relación con Gabriela Mora. Hay otros dos dibujos, que comparte con sus hermanos: una corona y tres estrellas.
«Nunca le dijeron cuáles tatuajes eran problemáticos ni por cuáles habían decidido dejarlo detenido indefinidamente. Yo creo que son las estrellas, porque es las que relacionan con la banda». Gabriela Mora se refiere al Tren de Aragua.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas publicó una imagen donde muestra los tatuajes que las autoridades de ese estado están asociando con supuestos integrantes del Tren de Aragua, la banda trasnacional que la administración de Donald Trump ha denominado como grupo terrorista y que, además, señaló como parte de una supuesta «invasión» a su territorio al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros a mediados de marzo:
La aplicación de esa ley ha generado críticas por la permisibilidad que otorga a las autoridades estadounidenses de ignorar el debido proceso frente a detenciones de personas sospechosas de haber cometido crímenes en ese país. El Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York afirmó que Donald Trump invocó ese instrumento para «evadir cualquier necesidad de tener que presentar pruebas o convencer a un tribunal de que alguien es realmente miembro de una pandilla o banda delictiva antes de deportarlo. La única razón de invocar esta autoridad es para tratar de posibilitar detenciones y deportaciones masivas contra personas venezolanas basándose en sus orígenes, no en cualquier actividad delictiva que podría demostrarse en un proceso judicial de carácter migratorio».
El venezolano Uzcátegui no tuvo tiempo de hacer vida en Estados Unidos. Fue detenido el día que cruzó la frontera y se presentó ante las autoridades migratorias, según cita preasignada. Por esos sus familiares niegan que sea pandillero, y afirman que en Venezuela tampoco tenía antecedentes penales, enviando a TalCual documentos con los que buscan soportar esas afirmaciones.
«Mientras estuvo detenido él me llamaba por una app, donde yo le depositaba para hacerlo. Me decía que el encierro allí era difícil, pero decidió tomar la opción de ayudar en el día a día. Por eso trabajaba cinco días a la semana en la cocina y en la lavandería» del centro de detención El Valle, ubicado en el poblado de Raymondville, al sur de Texas.
Carlos Uzcátegui nunca salió del centro de detención de migrantes, dice su pareja. Tampoco tuvo asistencia legal ni un abogado. Estando allí avanzó en su proceso migratorio, y tuvo dos audiencias con un juez durante enero y febrero. «En un principio, él incluso aprobó su caso de miedo creíble. Le habían ya entregado su hoja para solicitar formalmente el asilo. El juez le había preguntado si quería seguir con su caso de asilo o pedir una deportación, indicándole que la siguiente audiencia para entregar la solicitud de asilo sería el 27 de julio de 2025».
Gabriela Mora afirma que su pareja ya había escuchado, de otros migrantes detenidos en El Valle, que hubo personas que luego de seis o siete meses de espera le negaron los asilos solicitados, que los venezolanos «no presentaban un perfil para ser admitidos» y por tanto se convenció «de que no le iban a garantizar entrar». Por ello decidió acogerse a una deportación voluntaria, y le dijeron que apenas se pudiera sería enviado a Venezuela.
«El sábado 15 de marzo, a las 8:30 de la mañana, él me llamó desde el centro de detención para decirme que le habían pedido recoger sus cosas porque serían trasladados para la deportación a Venezuela. Incluso lo noté emocionado porque se suponía que venía para acá». Fue la última vez que Gabriela habló con su pareja.
Pero Carlos nunca llegó a Maiquetía. Mora se quedó esperando una llamada, un aviso de que había aterrizado en Venezuela, quizá una fecha de cuándo finalmente llegaría de nuevo a Táchira. «Lo vi fue en un video de los que compartió Bukele», dice. Se refiere al material audiovisual que el presidente de El Salvador divulgó en su cuenta de X.
El mandatario publicó el video el 16 de marzo en la mañana. Pero Gabriela lo vio varias horas después, replicado en otras plataformas. «Él sale montado en uno de los autobuses. Luego lo identifiqué cuando publicaron unas fotos de ellos sentados ya estando en la cárcel».
Desde entonces, la familia de Carlos Uzcátegui no ha dejado de buscar información de cómo ayudar, y poco han conseguido. Ni su pareja ni su madre, también residenciada en Táchira, pudieron viajar a Caracas para la reunión convocada por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. «Yo estoy en un grupo (de Whatsapp) donde están los que fueron allá. Están hablando en nombre de todos los muchachos. Lo que dijeron allí es que el gobierno contrató a un bufete de abogados para defenderlos, para que El Salvador los entregue».
El lunes 24 de marzo, el bufete Bufete Grupo Ortega presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para exigir la liberación inmediata de los 238 venezolanos deportados a ese país y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) desde el 15 de marzo. La firma de abogados fue contratado por la Vicepresidencia de Venezuela y dijo representar a 30 venezolanos. En el documento –al que tuvo acceso El País– detallan que la petición de excarcelar a ese grupo abarcaría al resto «conforme al principio de extensión».
Mora agradece la ayuda y está pendiente de los siguientes pasos. Eso sí, deja claro que esto no un asunto político: «No somos afectos al gobierno».
Con información de Tal Cual
