La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos, por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio pasados para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada por una persona cercana al exmandatario.
El documento también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
La acción legal se extiende además al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada a los mismos hechos.
El origen de la causa
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la COB impulsaron bloqueos de carreteras —principalmente en el occidente y centro de Bolivia— con el respaldo de grupos afines a Morales, con la renuncia del presidente Paz como “única demanda”.
La denuncia que dio origen al proceso fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
El expresidente niega haber promovido la salida de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados.
Sin embargo, el pasado 24 de mayo escribió en X que el mandatario tenía solo “dos caminos” ante los conflictos: “militarizar” el país o llamar a elecciones en un plazo de 90 días.
Segunda orden de captura
Esta no es la única orden de detención que pesa sobre Morales.
En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija ya lo había declarado en rebeldía y dictado una orden de captura por no presentarse al inicio de un juicio distinto, en el que enfrenta cargos por trata de menores, vinculados a una presunta relación con una adolescente de 15 años mientras ejercía la presidencia, de la cual habría nacido un hijo.
Esa resolución, emitida por el juez Carlos Oblitas, incluye orden de captura nacional y prohibición de salida del país. La Policía ha señalado que espera “el momento adecuado” para ejecutarla.
El expresidente permanece desde hace meses atrincherado en la región del Trópico de Cochabamba, uno de sus principales bastiones políticos y sindicales, donde sus seguidores lo custodian de forma permanente para evitar su detención mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
