Jonathan Josué Bravo Palencia, de 17 años, es uno de los cuatro adolescentes –según el Foro Penal– que permanecen detenidos en el país. El 11 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional lo detuvieron en su casa en Coro, estado Falcón, frente a su madre y su hermana de nueve años. Los efectivos, sin identificación, encapuchados y con armas largas, ingresaron hasta su habitación, y lo sacaron a rastras.
Desde los cinco años, cuenta su madre Francis Palencia, presenta trastorno de hiperactividad y déficit de atención (TDAH).
Su hijo fue presentado en tribunales el 13 de enero vía telemática. El juez del caso decidió que permanecería en Coro mientras transcurría la investigación y entrega de pruebas, pero un día más tarde fue trasladado a la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara (Caracas) sin notificarles.
«Yo me enteré cuando le llevaba comida» a las 7:00 p.m, cuenta Francis.
Su hijo fue señalado de presunta incitación al odio y terrorismo por unos mensajes difundidos en un grupo de WhatsApp cerrado, donde solo participaban ocho personas de su comunidad y se difundieron mensajes sobre la situación política.
Los fiscales lo acusan de ser parte de un «plan» para secuestrar al gobernador de Falcón, Víctor Clark, pero su madre niega que Jonathan haya enviado mensaje alguno.
En La Yaguara pudo visitarlo y llevarle comida todos los días. A finales de febrero fue nuevamente trasladado a Coro. «Pero estuvo en un centro de detención de adultos, un lugar donde nunca debió estar», señala su madre.
Actualmente, se encuentra detenido en la Entidad de Atención de Adolescentes Varones de Coro. «Estoy preocupada por la salud de él porque cada día se deteriora más, ya que este tipo de condición, cuando el paciente está en completo estrés, entran en ansiedad y depresión».
Palencia pide los buenos oficios del fiscal Tarek William Saab para que liberen a su hijo de forma inmediata «para poder ser atendido su estado de salud».
Ha tenido contacto con varios fiscales, a quienes les ha planteado la situación. El pasado 27 de febrero también entregó documentos a la Defensoría del Pueblo para que revisen su caso, «pues sus derechos le están siendo violados».
Jonathan Bravo había iniciado el primer semestre de Odontología, «pero ya a estas alturas tuvo que haber cesado. Las asistencias en esa carrera son muy importantes». Su juicio inició el 6 de marzo y para el día 20 se espera una nueva audiencia. Su madre asegura que «no es justo que él esté pagando por algo que no hizo».
Con información de Tal Cual
