El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado a la administración Trump que suspenda la deportación de venezolanos acusados de ser pandilleros en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
La decisión se produce horas después de que un tribunal federal de apelaciones también impidiera al gobierno de Donald Trump seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal, conocida como TPS, de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.
En el caso que ha llegado al Supremo, la corte se ha pronunciado en respuesta a una apelación de emergencia de un grupo de defensa de las libertades civiles, que demandó a la administración por las deportaciones previstas de venezolanos recluidos en un centro de detención en el norte de Texas.
Este sábado, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que «no saque de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal».
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.
La corte no concede o deniega la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que pausa su deportación hasta que se pronuncie un tribunal inferior, que en este caso es el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisprudencia sobre varios estados del sur de EE.UU.
El presidente Donald Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y acusado a la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) de «perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión predatoria» en territorio estadounidense.
Esta ley da al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de nativos o ciudadanos de naciones «enemigas» sin los procesos habituales.
Anteriormente solo se había utilizado tres veces, todas durante una guerra.
La última vez que se invocó fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando personas de ascendencia japonesa fueron encarceladas sin juicio, y miles de ellas fueron enviadas a campos de internamiento.
Con información de BBC Mundo
