Una corte de apelaciones dictaminó este miércoles que el presidente, Donald Trump, no tiene autoridad para derogar la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva, lo que abre la puerta a que el Gobierno recurra ante la Corte Suprema para que intervenga de emergencia.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para que eliminara la suspensión a la orden ejecutiva impuesta por un juez de Seattle, quien falló que ésta era inconstitucional, reseñó Telemundo.
Al denegar dicha solicitud, la corte consideró que el Departamento de Justicia no había demostrado «de manera convincente que es probable que tenga éxito en el fondo de esta apelación».
Una de las tres miembros de la corte, la jueza Danielle Forrest, nombrada por Trump, amplió su razonamiento en una opinión concurrente.
«Es habitual que tanto las políticas ejecutivas como las legislativas sean impugnadas ante los tribunales, sobre todo cuando una nueva política supone un cambio significativo con respecto a los acuerdos y prácticas anteriores», indicó.
«El hecho de que una corte de distrito conceda una medida cautelar que paralice una política impulsada por uno de los poderes políticos no constituye en sí mismo una emergencia. Una controversia, sí. Incluso una controversia importante, sí. Una emergencia, no necesariamente», afirmó al argumentar su decisión.
El pasado 6 de febrero, el juez de distrito John C. Coughenour puso en pausa la entrada en vigor de la orden presidencial para permitir que se presentaran argumentos a favor y en contra sobre la demanda presentada en su contra en Seattle, Washington. La decisión no entra a juzgar el fondo del asunto, pero el magistrado adelantó en se momento que consideraba la orden “descaradamente inconstitucional”.
“Si el Gobierno quiere cambiar el excepcional derecho de Estados Unidos de la ciudadanía por nacimiento necesita enmendar la Constitución”, indicó el magistrado, que ya había dictado una pausa temporal el 23 de enero aceptando los argumentos de los cuatro estados que demandaron (Washington, Arizona, Illinois y Oregon).
Con información de Versión Final
