El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este miércoles que el gobierno de Donald Trump no frenará las deportaciones de migrantes, un día después de unas elecciones legislativas en las que el Partido Republicano salió golpeado y los demócratas avanzaron en el Congreso.
«Las deportaciones continuarán», escribió Mullin en su cuenta oficial de X, en un mensaje corto con el que descartó cualquier cambio de rumbo en la política migratoria de la Casa Blanca tras los comicios del 3 de noviembre. El funcionario no anunció medidas nuevas ni modificaciones operativas: se limitó a dejar claro que la ofensiva sigue en pie.
La advertencia llega justo cuando los demócratas se preparan para usar su nueva fuerza en el Capitolio.
Con mayor peso en el Congreso, tendrán más herramientas para investigar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pedirle cuentas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y buscar recortes a su presupuesto.
Durante la campaña, varios candidatos de ese partido cuestionaron las redadas y las detenciones, y algunos llegaron a respaldar la abolición de la agencia o su reforma profunda.
Uno de los proyectos que anticipa por dónde irá esa ofensiva es el de la representante demócrata por Illinois Delia Ramirez, la llamada Ley para la Reinvención de la Seguridad, que propone sustituir el DHS por una dependencia enfocada en las comunidades y reformar los organismos que aplican las leyes migratorias.
Ramirez ha cuestionado además las muertes de personas bajo custodia de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Pero cualquier intento de tocar las facultades o el dinero de esas agencias tropezará con la resistencia republicana y con el propio Trump, quien ya prometió ser «el señor veto» frente a las iniciativas demócratas.
Mullin, que dirige el DHS, también se pronunció antes del cierre de las urnas. Ante las advertencias de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton sobre una posible intimidación de votantes por parte de agentes migratorios, afirmó que los funcionarios de ICE no estarían cerca de los centros de votación, salvo que hubiera una amenaza.
El resultado electoral no se explica solo por la inmigración.
Según sondeos a pie de urna de NBC, el 39 % de los votantes señaló la economía como el principal problema del país, frente a un 14 % que mencionó la inmigración.
Aun así, el rechazo a las expulsiones fue más marcado entre los latinos: una encuesta del Pew Research Center halló que el 62 % considera excesivas las deportaciones.
Las cifras del Instituto de Política Migratoria (MPI) dan una idea de la magnitud de la política que el gobierno quiere mantener: unas 980.000 deportaciones entre enero de 2025 y julio de 2026, y alrededor del 80 % de los expulsados hasta julio no tenía condenas penales.
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