El empresario colombiano Alex Saab, de 54 años, señalado durante años como el principal operador financiero del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de lavado de dinero ante un tribunal federal de Miami.
Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, aceptó entregar 195 millones de dólares y comprometerse a colaborar con las investigaciones federales sobre la presunta trama de corrupción montada alrededor de los contratos públicos venezolanos.
La audiencia de cambio de declaración se realizó ante la jueza Kathleen M. Williams, convocada para las 11:00 de la mañana.
El giro deja atrás la postura de julio, cuando sus abogados habían rechazado los señalamientos y pedido un juicio con jurado, y evita que la causa llegue a juicio.
Saab enfrentaba un cargo de lavado de dinero vinculado a una conspiración para crear empresas ficticias, falsificar registros de envío y quedarse con parte del dinero de contratos gubernamentales destinados a importar alimentos desde Colombia y México.
Los fiscales sostienen que Saab y otros montaron una red de compañías para sobornar a altos funcionarios venezolanos encargados de adjudicar contratos del programa CLAP, creado por Maduro para entregar productos básicos —arroz, harina de maíz y aceite de cocina— a los sectores más pobres en plena hiperinflación y con la moneda en caída libre.
Según el expediente, la estructura llegó a acceder a miles de millones de dólares provenientes de las ventas de petróleo de la estatal PDVSA. El cargo admitido contempla una pena de hasta 20 años de prisión federal.
Una saga de seis años
Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, durante una escala aérea cuando se dirigía a Irán en un viaje que Caracas presentó como misión humanitaria.
Extraditado a Estados Unidos en 2021, cumplió casi dos años en un centro de detención federal en Florida hasta que el presidente Joe Biden le concedió un indulto en diciembre de 2023, dentro de un canje que permitió la liberación de diez estadounidenses.
De regreso en Venezuela, asumió en enero de 2024 la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva y, en octubre de ese año, el Ministerio de Industria y Producción Nacional.
Ese ciclo terminó en mayo pasado, cuando la presidenta interina Delcy Rodríguez lo deportó ante la presión de Washington, que investigaba al empresario desde hacía más de una década.
Compareció por primera vez ante la justicia estadounidense el 18 de mayo, dos días después de su deportación, lo que reactivó el expediente penal suspendido tras el indulto.
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