El empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, en el marco de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos ante una corte federal en Miami.
La audiencia había sido convocada luego de que, el lunes, la plataforma judicial estadounidense anunciara que Saab «cambiaría su declaración de culpabilidad», en un giro frente a la postura que había mantenido hasta entonces sobre los cargos que enfrentaba: lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, señalamientos que pesaban sobre él desde su deportación a territorio estadounidense en mayo pasado.
El anuncio inicial del lunes no precisó si el empresario había llegado a un pacto con los fiscales federales, aunque finalmente se confirmó este martes que ese fue el caso, con la formalización de su nueva declaración ante el tribunal.
El cambio de estrategia legal representa un vuelco respecto a la posición que Saab había sostenido desde julio, cuando a través de sus abogados se había declarado «no culpable» ante la jueza Lauren F. Louis y había solicitado que el caso fuera resuelto por un jurado.
El juicio en su contra había sido fijado para iniciar el pasado 8 de septiembre, con una duración estimada de dos semanas, luego de que las partes sostuvieran una audiencia virtual el 1 de septiembre para revisar los últimos aspectos logísticos del proceso.
Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, habría aprovechado su relación con altos funcionarios venezolanos para obtener contratos vinculados al programa de distribución de alimentos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), y habría canalizado parte de esas ganancias a través de cuentas bancarias en territorio estadounidense para ocultar su origen.
El empresario, nacido en Colombia hace 54 años, no es un desconocido para la justicia estadounidense: había sido detenido previamente en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos en 2021 y posteriormente liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden, como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
Tras su liberación, regresó al país y fue incorporado al gobierno de Maduro, hasta que en mayo pasado fue deportado nuevamente a territorio estadounidense.
El cargo de conspiración para lavado de dinero contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque los acuerdos de este tipo con la Fiscalía suelen traducirse en condenas reducidas, generalmente a cambio de cooperación con las autoridades.
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