El caso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos entró este miércoles en una nueva etapa, luego de que su defensa solicitara formalmente la anulación de los cargos por narcotráfico que se le imputan, alegando que como jefe de Estado le corresponde inmunidad frente a procesos penales en el extranjero, según reportó la agencia Reuters.
La solicitud fue presentada por el abogado Barry Pollack ante el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, dentro del plazo que la propia corte había fijado para este miércoles.
Pollack argumenta que el tribunal carece de jurisdicción para juzgar a Maduro por dos razones: la inmunidad absoluta que —según sostiene— corresponde a los jefes de Estado soberanos, y el hecho de que las conductas que se le atribuyen habrían formado parte del ejercicio de sus funciones oficiales.
Cabe recordar que estos mismos cargos, radicados en una corte federal de Manhattan, sirvieron de sustento legal para la operación militar de Estados Unidos que derivó en la incursión sobre Caracas y la captura de Maduro el 3 de enero.
Desde entonces, el líder venezolano permanece recluido en una cárcel federal de Brooklyn, se declaró no culpable de los cargos y tiene fecha de juicio pautada para el 1 de junio de 2027, siempre que su moción de desestimación no prospere.
En su escrito, la defensa calificó el proceso como un caso «sin precedentes» que, a su juicio, vulnera una garantía reconocida durante siglos a los jefes de Estado y funcionarios que actúan dentro de su capacidad oficial.
Pollack insistió además en que su representado niega de manera categórica todas las acusaciones y las califica de falsas.
El planteamiento de Maduro pone a prueba un principio históricamente sensible para la diplomacia internacional: la inmunidad de los jefes de Estado en funciones frente a tribunales extranjeros.
Sin embargo, especialistas legales consultados por Reuters coinciden en que la defensa enfrenta un camino cuesta arriba, en gran medida porque Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, y los tribunales estadounidenses tienden a alinearse con la postura del Poder Ejecutivo en este tipo de disputas sobre reconocimiento de gobiernos extranjeros.
Los antecedentes tampoco favorecen a la defensa: los procesos penales contra jefes de Estado extranjeros son extremadamente inusuales en Estados Unidos, y el caso más cercano —el del exmilitar panameño Manuel Noriega en 1990— terminó con el rechazo de un juez federal en Miami a un planteamiento similar, en parte porque Noriega nunca ostentó formalmente el cargo de presidente.
El origen del desconocimiento estadounidense hacia Maduro se remonta a 2019, cuando asumió la presidencia tras las elecciones de 2018, calificadas como fraudulentas por Washington; su reelección en 2024 recibió el mismo señalamiento.
Frente a esto, Pollack planteó una distinción clave respecto al antecedente de Noriega: según él, a diferencia de aquel caso, el Gobierno estadounidense no niega que Maduro haya ejercido como jefe de Estado de Venezuela, sino que cuestiona la legitimidad con la que ocupó ese cargo a partir de 2019.
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