La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en sesión extraordinaria, un proyecto de acuerdo en respaldo al Convenio Energético Binacional suscrito entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pese a que el texto del documento no fue leído durante la sesión ni ha sido divulgado públicamente hasta el momento.
El instrumento, con una vigencia inicial de 25 años, otorga a Washington el control económico y la gobernanza de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras, equivalentes al 22% de las reservas comprobadas del país, según cifras manejadas en el propio Parlamento.
El diputado Miguel Pérez Abad, encargado de presentar el proyecto ante el hemiciclo, calificó el convenio como «el más importante firmado en nuestro país en los últimos cien años» y aseguró que, pese al alcance del acuerdo, «el petróleo sigue siendo patrimonio del país» y que se garantiza la soberanía nacional sobre los recursos.
Según sus estimaciones, la inversión asociada rondará los 100.000 millones de dólares, con posibilidad de llegar a 110.000 millones, y generará cerca de 3,6 millones de empleos directos e indirectos.
El proyecto fue aprobado con mayoría calificada, aunque no contó con el respaldo del Grupo Parlamentario Libertad, bancada opositora que incluye al excandidato presidencial Henrique Capriles.
El diputado Luis Emilio Rondón, en representación de esa fracción, celebró el acuerdo pero se abstuvo de suscribirlo en nombre de su grupo:
«No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos», declaró, al tiempo que exigió la divulgación del texto íntegro para poder evaluarlo técnicamente.
El plan de trabajo energético fue rubricado por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos, con el objetivo de incrementar la producción nacional en 1,5 millones de barriles diarios adicionales.
Por su parte, el partido Acción Democrática (AD) cuestionó la falta de transparencia en torno al acuerdo y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante un instrumento que compromete recursos estratégicos del país sin que su contenido haya sido publicado.
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