Los primeros meses de la administración de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela dejan un balance con más sombras que luces en el plano económico y social, mientras que en el terreno político el país registra avances puntuales que organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición califican como insuficientes.
El salario mínimo, congelado en menos de 20 centavos de dólar
El salario mínimo base en Venezuela permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, una cifra que hoy, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), apenas equivale a 0,17 dólares mensuales.
El dato refleja la pérdida sostenida de poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos frente al alza constante del tipo de cambio.
El pasado 30 de abril, Rodríguez había anunciado un incremento del 26% en el llamado «ingreso mínimo integral», que pasó de 190 a 240 dólares mensuales, presentado como el aumento «más importante de los últimos años».
Sin embargo, el propio Gobierno aclaró posteriormente que ese ajuste no se aplicaría al salario base, sino que dependería de bonificaciones.
El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, justificó la decisión al señalar que un aumento salarial directo dispararía la inflación en un país que acumuló una inflación cercana al 72% durante el primer trimestre del año.
Esta desconexión entre el «ingreso integral» en bonos y el salario base tiene consecuencias concretas: cálculos legales como las prestaciones sociales, las vacaciones y las utilidades siguen basándose en los 130 bolívares congelados, lo que reduce drásticamente el valor real de esos beneficios laborales frente a la inflación.
Cortes eléctricos de hasta seis horas diarias generan protestas en el interior
En paralelo a la crisis salarial, Venezuela atraviesa una severa crisis en el servicio eléctrico. Corpoelec confirmó a mediados de agosto racionamientos de hasta seis horas diarias en varias regiones del interior del país, un incremento de una hora adicional respecto al esquema previo, atribuido oficialmente a una «demanda alta».
La situación llevó a Rodríguez a activar, el 2 de agosto, un «plan de ahorro de energía eléctrica y agua» para promover el uso responsable de estos recursos, medida que generó rechazo.
La mandataria encargada había atribuido parte de la crisis al impacto de los sismos de junio y al fenómeno climático conocido como «Superniño», y anunció la meta de sumar 4.800 megavatios de generación termoeléctrica adicionales antes de fin de año, mediante contratos con empresas como General Electric e IMPSA.
Pese a estas medidas, los cortes se han intensificado en distintas regiones.
Vecinos de estados como Aragua, Carabobo, Monagas, Lara, Portuguesa, Cojedes y Bolívar han salido a las calles en protesta, en jornadas que incluyeron el cierre de vías y quema de cauchos.
Avances en la excarcelación de presos políticos
En el ámbito político, el Gobierno de Rodríguez informó el pasado 14 de agosto la excarcelación de 131 personas privadas de libertad mediante medidas alternativas a la prisión otorgadas por tribunales venezolanos, en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero.
La mandataria encargada aseguró que, desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, 1.046 venezolanos que estaban privados de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados.
La cifra fue calificada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como «un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación».
No obstante, organizaciones de derechos humanos han pedido cautela frente a las cifras oficiales.
La ONG Foro Penal solo pudo confirmar, hasta mediados de agosto, la excarcelación de un número significativamente menor de detenidos que el reportado por el Gobierno, y advirtió que más de 390 personas continuaban detenidas por razones políticas según su último boletín, entre ellas más de un centenar de militares.
Dirigentes opositores como María Corina Machado han insistido en que el proceso debe extenderse «sin excepciones» a todos los presos políticos, civiles y militares.
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