El gobierno de Delcy Rodríguez informó formalmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al artículo 127 del tratado.
El anuncio fue realizado este viernes por el canciller Félix Plasencia a través de su cuenta en X, quien precisó que la medida se ejecuta «por instrucciones» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Según el comunicado difundido por Plasencia, la decisión responde a lo que el Gobierno califica como un «sesgo geográfico» en la actuación de la Corte, que —a su juicio— ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, «en detrimento del Sur Global».
El canciller sostuvo que este patrón «revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía».
El texto oficial calificó además la actuación de la CPI como una forma de «lawfare» contra Venezuela:
«Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger», señaló Plasencia, quien reiteró el compromiso del Estado venezolano con «una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».
La notificación al secretario general de la ONU representa el paso jurídico que formaliza un proceso que arrancó en diciembre de 2025, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, sancionó por unanimidad la llamada Ley por Palestina y la Justicia, con la que derogó la ley aprobatoria del Estatuto de Roma.
Aquella decisión legislativa se produjo tras el anuncio de la Fiscalía de la CPI de cerrar su oficina técnica en Caracas, al no constatar «progreso real» en materia de complementariedad con el Estado venezolano.
Conforme al propio artículo 127 del Estatuto, la notificación formal ante Naciones Unidas no exime a Venezuela de las obligaciones contraídas mientras fue Estado parte, ni afecta la competencia de la CPI sobre los presuntos crímenes cometidos antes de que la denuncia surta efecto.
El retiro entrará en vigor un año después de recibida la notificación por parte del secretario general.
La Fiscalía de la CPI mantiene abierta la investigación conocida como «Venezuela I», sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014, tras el cierre en marzo de este año del examen preliminar paralelo denominado «Venezuela II».
Hasta ahora, solo Burundi y Filipinas han consumado un retiro efectivo del Estatuto de Roma.
En desarrollo…
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