La firma bancaria estadounidense Centerview Partners estuvo en negociaciones avanzadas con el Ejecutivo nacional para coordinar un millonario contrato de asesoría financiera exclusiva tasado en al menos 150 millones de dólares.
Según reveló un borrador contractual confidencial obtenido por la agencia de noticias Bloomberg, esta cifra está proyectada para el manejo logístico de la reestructuración de la deuda externa del país, un monto global que superaría ampliamente los estándares de pago y las tarifas desembolsadas en históricos acuerdos soberanos precedentes a escala internacional.
El documento técnico detalla la inclusión de una prima de éxito equivalente al 0.1% de la deuda total que se logre reestructurar de manera efectiva, una cláusula financiera que carece de topes monetarios máximos.
Tomando en cuenta que las principales estimaciones de los analistas financieros de Wall Street ubican el total de los compromisos e impagos acumulados por la nación entre los 150,000 y los 200,000 millones de dólares, los honorarios definitivos por rendimiento para la entidad boutique neoyorquina ascenderían a un rango neto de entre 150 y 200 millones de dólares.
Asimismo, las condiciones del borrador estipulaban el pago complementario de un anticipo mensual fijo de 750,000 dólares para cubrir los gastos logísticos del equipo asesor, cuyas tareas centrales abarcan la elaboración de los análisis económicos, el diseño de estrategias de negociación frente a los comités de acreedores y la intermediación institucional ante los organismos financieros multilaterales.
Fuentes vinculadas a las conversaciones estratégicas confirmaron de manera extraoficial que dichos términos económicos se mantuvieron sobre la mesa de discusión durante los días previos al anuncio formal emitido el 13 de mayo, fecha en la que se oficializó el mandato de adjudicación del proceso a la firma norteamericana por parte del Gobierno liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El inicio formal de esta reestructuración integral, orientada a unificar las obligaciones de la República y de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en default desde el año 2017, busca devolver la sostenibilidad fiscal al Estado venezolano y facilitar el retorno seguro de los capitales globales al circuito económico local.
Por su parte, los representantes corporativos de Centerview Partners emitieron una declaración pública para desestimar las cifras difundidas por la agencia, argumentando que el esquema de contratación no se encuentra cerrado de forma definitiva.
«El contrato no se ha finalizado y las cifras con las que se especula en esta historia exageran enormemente los términos esperados del compromiso de Centerview con la República de Venezuela», reza el comunicado oficial de la institución.
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