Un nuevo deceso en el sistema carcelario del país encendió las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, tras confirmarse la muerte de Alberto Rafael Solarte Cabrera mientras se encontraba recluido bajo custodia del Estado venezolano en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Doctor Francisco Delgado”, anteriormente conocido como la cárcel de El Marite, en el estado Zulia.
Con este caso, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó que ya suman 19 las personas privadas de libertad que han perdido la vida tras las rejas desde abril de 2026, una cifra que evidencia la gravedad de la crisis sanitaria y de infraestructura dentro de los recintos penitenciarios del país.
La muerte de Solarte Cabrera pone de manifiesto las precarias condiciones de salud que enfrenta la población reclusa en Venezuela, donde enfermarse dentro de una cárcel suele significar largas esperas de días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa de forma indefinida o tratamientos que nunca son suministrados por los canales oficiales.
La organización no gubernamental detalló que, en los últimos meses, se han registrado fallecimientos de reclusos en múltiples centros de reclusión del territorio nacional, entre los que destacan Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) y Yare III.
Expertos en materia penitenciaria recordaron que el artículo 83 de la Constitución establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación directa del Estado, el cual debe garantizar la protección y la vida de todas las personas que se encuentran bajo su control.
Asimismo, los tratados internacionales como las Reglas de Mandela consagran que la prestación de servicios médicos a los internos es una responsabilidad gubernamental ineludible y que los privados de libertad deben gozar de un acceso rápido a atención especializada en casos de urgencia médica, lo que contrasta con la realidad de los calabozos policiales y prisiones venezolanas, caracterizados por la falta de diagnósticos oportunos y la dependencia de los familiares para conseguir medicamentos esenciales.
De acuerdo con los datos presentados por el OVP en su más reciente Informe Anual, el 95,57% de las muertes registradas bajo custodia en los centros de reclusión estuvieron directamente asociadas a la falta de asistencia médica oportuna.
Ante esta emergencia sanitaria, activistas han cuestionado públicamente el rol de la Defensoría del Pueblo y han exigido la intervención inmediata de las instituciones del Estado encargadas de velar por los derechos humanos, conforme a las competencias dispuestas en el artículo 281 de la CRBV.
Familiares y defensores humanitarios exigen una investigación exhaustiva sobre las causas del fallecimiento de Solarte Cabrera, así como la adopción urgente de medidas humanitarias para detener los decesos evitables en el sistema carcelario nacional.
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