El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) alertó sobre la grave situación que se registra en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) y recordó que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público deben ser los principales garantes del cumplimiento de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La organización subrayó que corresponde a estas instituciones adelantar con prontitud las investigaciones e imputaciones contra funcionarios del Estado señalados como presuntos responsables de torturas y tratos crueles, además de avanzar en la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, bajo criterios de transparencia, participación ciudadana y profesionalismo.
En sus informes anuales, PROVEA ha documentado de manera consistente que la tortura y otros tratos crueles se mantienen como una práctica sistemática y generalizada en Venezuela.
Solo en 2025, la ONG registró 634 casos ocurridos en cárceles del país, lo que refleja la magnitud del problema.
La denuncia se produce en medio de la crisis penitenciaria de Barinas, donde reclusos han señalado abusos, requisas violentas y amenazas directas por parte de las autoridades del penal.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también responsabilizó al Ministerio de Servicio Penitenciario por los hechos y exigió la intervención inmediata de organismos de control.
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