La detención de la doctora venezolana Yarelys Guerrero Ramírez, de 52 años, ha generado una ola de rechazo y preocupación entre la comunidad de profesionales extranjeros en Estados Unidos.
El procedimiento, ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado lunes 11 de mayo en Florida, se llevó a cabo a pesar de que la especialista cuenta con un permiso de trabajo vigente, licencia de conducir al día y un proceso de asilo político en trámite ante las autoridades migratorias.
Jorge Ledezma, esposo de la detenida y también profesional de la salud, denunció en una entrevista para Univisión que la captura ocurrió de manera sorpresiva mientras la doctora se dirigía a su centro laboral.
La familia, que emigró de Venezuela en 2019, asegura haber cumplido rigurosamente con todos los parámetros legales exigidos por el sistema estadounidense.
Guerrero, quien en su país de origen era una reconocida especialista en medicina materno-fetal, logró validar sus conocimientos en territorio norteamericano graduándose como enfermera en el Institute of Health Care Professional de Boca Ratón, lo que le permitió trabajar legalmente durante los últimos cuatro años, incluyendo el periodo crítico de la pandemia.
El caso ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo con estatus laboral activo.
Ledezma relató que su esposa ha enfrentado cuadros de angustia y síntomas de claustrofobia tras ser recluida en espacios reducidos durante las primeras horas de su custodia.
«No vengas a ayudar, porque tú también puedes caer», fue la advertencia que la doctora logró transmitir a su esposo en una breve comunicación telefónica.
Actualmente, sus hijos y allegados han iniciado una campaña de recaudación de fondos para costear la representación jurídica necesaria y visibilizar lo que consideran una detención arbitraria.
El caso de la doctora Guerrero pone de relieve la incertidumbre administrativa que enfrentan miles de venezolanos profesionales que, aun estando integrados al sistema productivo y de salud de los Estados Unidos, se encuentran a la espera de una resolución definitiva sobre su estatus migratorio.
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