El expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) Luigi Pisella explicó las implicaciones financieras que conlleva un incremento del salario mínimo en el país.
En una entrevista concedida a Circuito Éxitos, el dirigente gremial señaló que un ajuste de apenas 10 dólares en el sueldo base se traduce en un compromiso masivo para las arcas públicas, debido a la estructura de costos establecida en la legislación laboral vigente.
Pisella detalló que, debido al cálculo de vacaciones, utilidades y la retroactividad de las prestaciones sociales, un aumento de 10 dólares en la base salarial representa un costo real de 250 dólares anuales por cada trabajador.
Al multiplicar este impacto por una nómina que ronda los 9 millones de personas —entre empleados del sector público y pensionados—, el Estado venezolano enfrentaría un gasto adicional de 1.500 millones de dólares por cada decena de dólares que se incremente al sueldo básico.
El peso de la Ley del Trabajo y la política de bonos
El representante industrial subrayó que la actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) hace que el gasto para el patrono, especialmente para el sector público, no sea lineal.
Estas declaraciones se producen en un contexto de alta expectativa nacional ante los anuncios económicos previstos para el próximo primero de mayo.
El análisis de Pisella coincide con las proyecciones de otros expertos que sugieren que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, podría optar por un esquema mixto que priorice los bonos para mitigar el impacto presupuestario que representaría un ajuste directo al salario base bajo las condiciones legales actuales.
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