El ingeniero venezolano Ángel Camacho, especialista en sistemas y con una maestría en telecomunicaciones, jamás imaginó que una cita laboral rutinaria terminaría en su detención por parte de autoridades migratorias en Florida.
Camacho, quien ha trabajado durante casi una década en Estados Unidos como gerente de proyectos, fue convocado el mes pasado para realizar una inspección técnica en una instalación que, según creyó, sería como cualquier otra.
Pero la dirección correspondía a una estación de la Patrulla Fronteriza en Dania Beach, donde agentes lo estaban esperando no para recibir un servicio, sino para arrestarlo.
Según documentos revisados por NBC6, su empleador envió previamente su licencia de conducir para un control de seguridad, y recibió confirmación oficial de que Camacho estaba “aprobado” para ingresar.
Al llegar, los agentes lo recibieron por su nombre y le informaron que quedaba detenido, un giro que él describió como desconcertante y humillante.
“Pensé que era una broma”, relató, pero pronto quedó claro que no lo era.
Camacho es un solicitante de asilo venezolano sin antecedentes penales, beneficiario de Estatus de Protección Temporal (TPS) y con una solicitud de residencia permanente en trámite por matrimonio con una ciudadana estadounidense.
Tiene permiso de trabajo, número de Seguro Social, licencia de conducir y paga impuestos, pero carece de un estatus migratorio definitivo, lo que lo convirtió en objetivo de las nuevas directrices de detención bajo la administración Trump.
Tras su arresto, pasó una noche en custodia de la Patrulla Fronteriza antes de ser trasladado al centro de detención migratoria de los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”, donde permaneció 30 días.
Describió el lugar como una experiencia traumática, asegurando que fue recluido junto a personas con antecedentes criminales pese a no tener historial delictivo. Datos de ICE revisados por NBC6 muestran que, desde su apertura en julio, solo uno de cada cuatro detenidos allí tiene condenas penales, y apenas el 7% por delitos violentos.
El caso de Camacho se enmarca en un aumento sin precedentes de personas sin antecedentes bajo custodia de ICE, que ya supera las 70.000 detenciones, la cifra más alta registrada.
La negativa repentina del gobierno a otorgar audiencias de fianza a detenidos dentro del país ha provocado una avalancha de litigios.
Abogadas de inmigración como Liliana Gómez y Deliane Quiles han recurrido masivamente a peticiones de habeas corpus para exigir la liberación de sus clientes, una herramienta legal que obliga al gobierno a justificar la detención ante un juez federal.
NBC6 encontró que estas solicitudes se han disparado de un promedio de cinco al mes el año pasado a casi 400 presentadas solo en noviembre.
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