El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Argentina dictó este miércoles una severa restricción al régimen de visitas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por causas de corrupción.
La medida, que limita drásticamente la frecuencia y el número de visitantes, incluye una advertencia explícita sobre el revocamiento del beneficio y su eventual traslado a una cárcel común.
La resolución, impulsada por el juez Jorge Gorini, busca imponer un estricto control sobre la casa de la exmandataria en el barrio porteño.
A partir de la fecha, los encuentros quedan limitados a un máximo de dos visitas por semana, cada una con una duración máxima de dos horas.
Además, la Justicia prohibió el ingreso y la permanencia simultánea de más de tres personas ajenas a su núcleo familiar.
El detonante de la decisión fue una reunión grupal que la expresidenta mantuvo la semana pasada con un total de nueve economistas.
El tribunal argumentó que el encuentro de un grupo tan numeroso desnaturalizó el carácter de la medida.
Según la interpretación judicial, la prisión domiciliaria constituye una sanción penal y no puede ser utilizada como un «privilegio» que convierta la residencia en un centro de reuniones políticas o de comando, atentando contra la finalidad de la pena impuesta.
Estas restricciones se dan en el contexto de los juicios por corrupción de alto perfil que la expresidenta enfrenta, entre ellos la causa conocida como Vialidad.
El fallo recuerda a Fernández de Kirchner que el mantenimiento de la prisión domiciliaria está sujeto a la absoluta observancia de las condiciones impuestas por el tribunal.
De no acatar las nuevas limitaciones, se procedería a la modificación o anulación de la prisión domiciliaria, obligándola a cumplir la pena en una institución carcelaria tradicional.
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